El Ayuntamiento de Olivenza debe pagar casi 90.000 euros a dos trabajadores de la residencia de mayores Virgen de Guadalupe por la extinción de sus contratos y por vulnerar su derecho a la dignidad. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz que da la razón a los empleados tras interponer estos una denuncia contra el Consistorio.

El conflicto comenzó en septiembre del año pasado cuando se produjo una reestructuración del centro de mayores y el director del mismo, Enrique Barrios, y su secretaria adjunta, María Concepción Pinto, fueron trasladados de sus puestos. Ellos alegan, y la sentencia considera como hechos probados, que carecían de equipación, ya que el despacho al que fueron trasladado no tenía ni equipo informático y que les dejaron sin funciones en su trabajo.

«Era un despacho vacío, sin nada. No nos dejaban ni dirigirnos al personal», se lamenta Enrique Barrios, que seguía siendo director «pero las funciones las realizaba otra persona».
Este traslado, según indica el implicado, se produjo después del cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Olivenza, ya que se trata de una residencia municipal.
Tras meses en estas condiciones, los afectados estuvieron de baja en dos ocasiones por depresión y ansiedad. «La situación era insostenible. Fue un trato vejatorio que no se puede ni imaginar», asegura Barrios.

Por su parte, María Concepción Pinto recuerda que durante mucho tiempo se vieron muy afectados por la situación. «Era no dormir, no comer y llorar todo el día», asegura. «Y eso después de trabajar 17 años en el caso de Enrique y yo 10 en esa residencia».
Finalmente ambos decidieron interponer una denuncia ante la inspección de trabajo, que realizó una visita al centro y les dio la razón a través de un informe. Su situación, sin embargo, no cambió por lo que elevaron la queja al Juzgado de lo Social.

La sentencia considera hechos probados su traslado y el hecho de dejarles sin funciones tras el cambio. Así mismo también destaca las bajas médicas de ambos, que se produjeron poco después del conflicto laboral. Por último el juez estima la demanda de los trabajadores y condena al Ayuntamiento a abonar 66.219,65 euros a Enrique Barrios y 17.120,55 a María Pinto en concepto de extinción de contrato, ya que ambos habían solicitado cesar en su trabajo. También recibirán 3.126 euros cada uno como indemnización por vulnerar su derecho a la dignidad.

Sensación agridulce

La sensación para los beneficiarios es agridulce. «Estamos contentos moralmente, pero la realidad es que nos hemos quedado sin trabajo, porque en esas condiciones no podíamos seguir, y además en una época complicada y con una edad difícil», se lamentaba María Concepción Pinto.
La sentencia no es firme por lo que el Ayuntamiento de Olivenza puede formular un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.