La Audiencia de Badajoz rebaja la pena al condenado por grabar a sus compañeras en los aseos

José Carlos S. S. durante el juicio en el Penal 2. :: HOY/
José Carlos S. S. durante el juicio en el Penal 2. :: HOY

La nueva sentencia reduce a un año y medio el período máximo que podrá estar en prisión, la mitad que en la condena inicial

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha revisado parcialmente la sentencia que condenaba a 15 años de prisión a José Carlos S. S., un extrabajador del centro Aprosuba de Olivenza que cometió 26 delitos contra la intimidad al grabar en los aseos de este centro para discapacitados a sus compañeras de trabajo y también a cuatro mujeres que eran familiares del procesado.

El caso fue juzgado en primera instancia por el Penal 2 de Badajoz y aunque la condena total era muy elevada (seis meses de cárcel por cada uno de los delitos sufridos por sus 22 compañeras de trabajo y 1 año de prisión para cada uno de los delitos sufridos por las cuatro mujeres que eran familiares), en el propio fallo se recogía que la pena máxima que podría cumplir el condenado no iría más allá de los 3 años de cárcel.

Esa reducción estaba motivada por un artículo del Código Penal que impide que el cumplimiento efectivo de la condena (3 años de cárcel en la sentencia del juzgado de lo Penal) supere el triple de la pena impuesta para el delito más grave (un año de cárcel para cada uno de los cuatro delitos que afectaban a la intimidad de las familiares del procesado).

Finalmente, la condena fijada por el Penal ha sido modificada tras resolverse los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Badajoz por el abogado de la acusación, el abogado de la defensa y la propia Fiscalía de Badajoz.

Los argumentos planteados por las tres partes han sido vistos por un tribunal que rebaja la pena total a 13 años de prisión y el cumplimiento máximo efectivo a 18 meses de cárcel.

En esta nueva sentencia vuelven a quedar probados los 26 delitos por los que fue condenado en primera instancia, pero todos y cada uno de esos hechos son castigados ahora con una pena de seis meses de prisión (13 años de cárcel en total), desapareciendo por tanto las cuatro condenas de un año de cárcel que se fijaron en un inicio para los delitos sufridos por las cuatro familiares del procesado.

Con el nuevo fallo de la Audiencia, el triple de la pena mayor queda fijado en 18 meses de prisión, por lo que ésa será la pena máxima que deberá liquidar José Carlos S. S.

En esta sentencia, que es firme, se vuelve a descartar que los delitos hubieran prescrito, tal y como planteaba el abogado de la defensa, y tampoco se aprecia que eximente de dilaciones indebidas dado que la instrucción y el juicio se realizaron en un plazo razonable.

En cambio, el tribunal sí entiende que la atenuante de «colaboración con la justicia» debe ser considerada «muy cualificada» porque el acusado, además de confesar los hechos, facilitó la clave alfanumérica de un ordenador en el que almacenaba imágenes íntimas de las 26 mujeres que fueron grabadas en los aseos del centro Aprosuba de Olivenza y en distintos domicilios.

En la sentencia del Penal se determinó que esa atenuante era «cualificada», lo que conlleva una reducción de la pena, pero la Audiencia la considera ahora «muy cualificada», por lo que la rebaja aplicada es mayor en el nuevo fallo. Este cambio en la valoración fue solicitado por la Fiscalía en el recurso que presentó ante la Audiencia.

La nueva sentencia también elimina una de las agravantes aplicadas a los delitos cometidos sobre las mujeres que eran familia del condenado. En concreto, la que se derivaba de esa relación de parentesco.

El tribunal cree que no se le debe aplicar esa agravante porque ya se tuvo en cuenta la agravante de «relación de confianza». «Habremos de convenir que la especial relación anímica entre el autor y las víctimas (relación de confianza) está implícita en la relación de parentesco, por lo que si apreciásemos las dos agravantes incurriríamos en una doble sanción por los mismos hechos».

Las víctimas están decepcionadas con la sentencia: «Hemos sufrido mucho»

Las 14 víctimas de las grabaciones de José Carlos S. S. que siguen trabajando en el centro Aprosuba 14 de Olivenza afirmaron ayer que se sienten desconcertadas tras conocer que la Audiencia Provincial de Badajoz ha rebajado a la mitad el cumplimiento máximo efectivo de la pena impuesta al excompañero que ocultó una cámara en los aseos del centro para grabarlas en situaciones íntimas. «Aceptamos la sentencia, pero nos mostramos en total desacuerdo porque creemos que no se ciñe a un criterio justo. Ha sido un jarro de agua fría para nosotras, ya que estábamos de acuerdo con las penas recogidas en el primer fallo. Lo mínimo es que cumpla pena de prisión porque hasta ahora no ha entrado en la cárcel», afirmaron ayer.

Las afectadas han explicado que desde que tuvieron conocimiento de las grabaciones realizadas por el condenado, que entonces trabajaba como administrativo del centro, «ha habido un antes y un después». «Nuestra intimidad fue violada en aquellas múltiples grabaciones que se realizaron durante años y hemos pasado por una situación psicológica y personal muy desagradable. Nuestro empeño siempre ha sido que se hiciera justicia y que estos hechos no se repitieran ni afectaran a otras mujeres. Solo queremos mostrar nuestra indignación como mujeres, como trabajadoras, como madres, como víctimas… ya que nos sentimos desprotegidas».

El abogado que representa a buena parte de las víctimas, Manuel Villalón, confirmó ayer que había recibió instrucciones de sus representadas para solicitar el ingreso en prisión del condenado.

A partir de ahora, será el Juzgado de loPenal 2 de Badajoz el que decidirá si José Carlos S. S. ingresa en prisión, puesto que existe un artículo en el Código Penal que permite eludir la privación de libertad cuando se cumplen unas determinadas circunstancias por parte del procesado.

Una de ellas hace referencia a la compensación del daño, que en este caso guarda relación con el abono de las indemnizaciones económicas recogidas en la sentencia como compensación a las víctimas.

En total, las indemnizaciones ascienden a cerca de 90.000 euros dado que fueron fijadas en cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros para cada una de las víctima.

Manuel Villalón confirmó ayer que por el momento ha abonado unos 16.000 euros.

«Lo importante para nosotras no es el dinero, ninguna cantidad económica puede compensar lo que hemos pasado en este tiempo. Nuestro deseo es que la condena se haga efectiva y que este tipo de hechos no se vuelva a repetir», concluyeron las afectadas.

Si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión que tome el Juzgado de lo Penal, podrá recurrir a la Audiencia.