El estado de alarma nacional decretado por el Gobierno paraliza Olivenza y su comarca

Han tenido que transcurrir varios días para que la ciudadanía, con más medios de información que nunca a su alcance, comprenda la gravedad de una situación que ha puesto en jaque al mundo entero por la pandemia del coronavirus (Covid-19), una enfermedad originada en China que no cuenta aún con un tratamiento médico efectivo y que está haciendo que los gobiernos estén tomando medidas para evitar la propagación de la epidemia.

Se trata de una situación inédita en España que ha llevado el pasado 14 de marzo a que el Gobierno de España decrete el estado de alarma previsto en la Constitución por segunda vez en la democracia, aunque por distinto y más grave motivo. Una decisión que ha venido precedida de una serie de medidas que escalonadamente fueron tomando las distintas administraciones autonómicas y locales, ante el aumento de casos positivos que ya se ha saldado con varias muertes en Extremadura.

La ciudadanía se pregunta si era algo previsible o no esta situación para permitir que se celebrara, por ejemplo, la Feria del Toro, que pese a la existencia de casos de contagio no minó la afluencia de público. Un interrogante que se responde solo si tenemos en cuenta que las autoridades sanitarias no desaconsejaron celebrarla días antes, al igual que otros eventos multitudinarios al aire libre que, incluso hasta el día después del 8-M, aún se mantenían en pie en la agenda de eventos de primavera para el resto de la comarca.

Tuvo que darse el primer fallecimiento agravado por coronavirus en Arroyo de la Luz (Cáceres), actualmente principal foco de la epidemia en la región, para que en cuestión de horas se empezaran a tomar las primeras decisiones desde la Junta de Extremadura, el 11 de marzo, adoptando como medida preventiva, entre otras, la suspensión de eventos que supusieran una concentración superior a 1.000 personas. Prácticamente todos los ayuntamientos de la comarca optaron por ir más allá y cancelarlos o aplazarlos directamente, aunque entraran dentro de ese baremo.

La misma resolución del ejecutivo autonómico, que ya recomendaba evitar los viajes que no fueran estrictamente necesarios, se vio complementada el 12 de marzo por la decisión del Ayuntamiento de Olivenza de cerrar al público los principales reclamos turísticos de la ciudad: oficina de información y turismo, edificios religiosos y museo etnográfico. Un día después se optó también por cancelar toda actividad pública, clausurar todos los edificios y espacios públicos y a recomendar a la población a permanecer en sus domicilios.

Una imagen muy extendida en toda España, también en Olivenza, es la aglomeración de público en los establecimientos comerciales de alimentación, agotando las existencias de cada día, pero sin seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias: guardar distancias, utilizar mascarillas y guantes de plástico, toser sobre pañuelo o el antebrazo, evitar ir acompañado (especialmente de ancianos, menores y grupos de riesgo), etc. Y todo ello pese a que los propios establecimientos y los responsables públicos han anunciado que se garantizará en todo momento el suministro alimentario. Dicen los expertos que ese comportamiento se debe a motivos psicológicos.

Poco a poco también fueron generándose dudas en cuanto a protocolos de actuación, por ejemplo, en el ámbito de la educación. En los centros de salud de la comarca también se dieron varios casos que resultaron ser falsas alarmas. Tan solo una enfermera de Valverde de Leganés, que días antes había viajado a Madrid, ha dado positivo y se halla en aislamiento domiciliario. Hasta la fecha en el área de salud de Badajoz, al que pertenece la comarca de Olivenza, hay diagnosticados 18 casos de los 95 existentes en Extremadura.

Las redes sociales, aunque a veces también ayudan a difundir malas prácticas en tiempo real, también están contribuyendo a que la ciudadanía se informe puntualmente sobre la situación con todos los detalles. Y los medios de comunicación también están cumpliendo su misión de contrastar información, haciendo una criba del maremágum de noticias, combatiendo bulos y difundiendo datos de gran utilidad para la sociedad. Una función que ya viene cumpliendo incluso antes de que el artículo 19 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo estableciera como obligación.

El estado de alarma decretado en todo el territorio nacional contempla medidas temporales que suponen restricciones en derechos y libertades. Así, con ellas desde el 15 de marzo el Gobierno de España quiere aunar el esfuerzo de todo el país en la lucha contra el coronavirus e incentivar las medidas de distanciamiento social que permitan evitar el contagio masivo y proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía, reforzando el sistema de salud pública.

De esta forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con las policías autonómicas y locales pasan a estar bajo las órdenes del ministro del Interior. La libertad de circulación se limita en el artículo 7 del decreto a actividades concretas: adquisición de alimentos, asistencia a centros sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, asistencia a mayores, menores y dependientes, visitas a bancos u otros casos de fuerza mayor o de necesidad.

Otra de las medidas que más revuelo ha levantado es la contención en el ámbito laboral, procurando la prestación laboral no presencial, que en la mayoría de los casos no se da. También se ha suspendido la apertura del comercio minorista, salvo el de alimentación o primera necesidad, asegurando el suministro de estos bienes y servicios para la protección de la salud pública.

Se ha aprobado igualmente el cierre al público de locales y establecimientos de espectáculos públicos, instalaciones culturales y artísticas, actividades deportivas y de ocio, verbenas, desfiles y fiestas populares. Por analogía, también hay medidas de contención en relacióna los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas. Un ejemplo de ello es que el Arzobispado de Mérida-Badajoz ha suspendido los cultos en los templos parroquiales y la Semana Santa.

Y aunque la prioridad y el bien superior a proteger es la salud pública, las dimensiones sociales y económicas de esta crisis serán catastróficas. Hasta el momento se ha detallado lo que el Estado exige en estos momentos a los ciudadanos en estos difíciles momentos, pero aún queda conocer lo que el Estado hará por la ciudadanía para soportar el impacto del coronavirus desde el punto de vista económico y de la cohesión social tras el consejo de ministros que se celebrará este martes, 17 de marzo.