El grupo Sacyr se compromete a crear 150 empleos en la mina de Alconchel

De esta forma se organizó un acto abierto al público donde participó el equipo técnico responsable del proyecto, liderado por Ismael Solaz Alpera, director de Geología y Exploración Minera de Valoriza Minería, con varios proyectos en Extremadura como la mina de litio de Valdeflores, en Cáceres.

Esta empresa ha adquirido los derechos de prospección en Alconchel y de los activos de la empresa Río Narcea Nickel, anterior propietaria de la mina de Aguablanca, en Monesterio. El proyecto de Alconchel es, según la empresa, el «buque insignia» de Valoriza Minería en Extremadura, dado que prevén una inversión directa inicial de 45 millones de euros, de los que 17 se destinarán al pago de impuestos directos, y 3 millones de euros anuales en salarios durante los 9 ó 10 años que prevén que la mina esté en explotación, en que se generarán, según la empresa 150 puestos de trabajo directos y 600 empleos indirectos.

El proyecto ha suscitado un amplio debate en Alconchel entre un sector de la población que se opone y que el pasado mes de septiembre constituyó la Plataforma 'Alconchel Sin Mina', y los partidarios de la mina, liderados por el gobierno municipal, firme defensor del proyecto y que hace unos meses emitió un boletín municipal informativo monográfico para defender las bondades de la iniciativa con datos facilitados por la empresa.

El pasado mes de noviembre la plataforma, que cuenta con el respaldo de Ecologistas en Acción en Extremadura, mantuvo una reunión con el alcalde, Óscar Díaz Hernández, que defiende abiertamente el proyecto minero por sus repercusiones económicas y sociolaborales, y critica a quienes se oponen a ella asegurando que no quieren el progreso del pueblo.

Por este motivo, la charla informativa fue convocada, según la empresa, para «disipar dudas» y desmentir algunos datos que se están vertiendo en las últimas semanas por parte de la plataforma ciudadana, que lleva varios meses realizando actividades para informar y concienciar a la población y lograr paralizar el proyecto minero, «por sus repercusiones medioambientales y para la salud de la población».

Ángel García Calle, abogado y coordinador regional de la oenegé, critica que el ayuntamiento de Alconchel sea el «brazo ejecutor del promotor de la mina» y ha insistido en que han presentado alegaciones al proyecto «por incumplimiento de las obligaciones de transparencia» previstas en la ley en la tramitación del expediente.

La empresa defiende que está cumpliendo con los trámites administrativos desde noviembre de 2004, cuando comienzan las primeras investigaciones autorizadas por la Junta de Extremadura, con prospecciones geoquímicas, geofísicas y sondeos en el paraje de 'Las Herrerías', una finca a apenas dos kilómetros del núcleo urbano de Alconchel, cerca de los términos municipales de Olivenza y Táliga.

En cualquier caso, no fue hasta el 27 de febrero de 2015 cuando la empresa Río Narcea Nickel S.A., la encargada de explotar la mina de Aguablanca en Monesterio, solictó la concesión de la explotación de la mina alconchelera a la Junta de Extremadura, estando aún pendiente la declaración de impacto ambiental preceptiva.

Según Valoriza Minería (Sacyr), el proyecto se está llevando a cabo con las «máximas garantías» para la población, y tendrán como objetivos el de contribuir al desarrollo social de Alconchel y la comarca, revitalizar la economía de la región y «proteger el medio ambiente», algo que argumentan que conseguirán «utilizando las mejores técnicas, revitalizando las superficies afectadas, evaluando continuamente los elementos medioambientales y asumiendo compromisos con la administración».

No lo creen así vecinos de Alconchel y otros pueblos de la comarca que asistieron a la charla de la empresa minera, que comenzó impidiendo que se tomaran imágenes o se realizaran grabaciones de la charla, amparándose en la Ley de Protección de Datos, pese a que la convocatoria era pública y se realizaba en un local de titularidad muncipal. Los técnicos de Valoriza expusieron el proyecto mediante vídeos y diapositivas y después se abrió un encendido debate entre los asistentes en el que la plataforma 'Alconchel Sin Mina' trató de rebatir lo expuesto por la empresa «con datos que la propia empresa ha reflejado en el proyecto técnico» obrante en la Junta de Extremadura, según declararon.

Uno de los puntos que más se debatió fue el impacto de la explotación sobre los recursos hídricos de la zona. Según la empresa, se trabajará con circuitos cerrados y no se contemplan vertidos ni emisiones de gases, informando que no se utilizarían más de 6 litros por segundo (21 metros cúbicos a la hora). Al respecto, la 'Alconchel Sin Mina' lo rebatió con «los datos del proyecto técnico de la empresa», donde según la plataforma serían 165 metros cúbicos por hora y que se extraerían de 5 a 6 pozos en el acuífero Zafra-Olivenza, a su paso por el término municipal de Táliga.

En este sentido, la empresa también afirmó que no habría problemas de abastecimiento en los momentos de escasez de agua. En ese punto, miembros de Ecologistas Extremadura vienen recordandando el abuso en la mina de Aguablanca en períodos de restricciones, donde Monesterio no dispuso de su piscina municipal en verano mientras la mina no dejaba de acaparar el agua. «Incluso con un trasvase entre la Cuenca Hidrográfica del Guadiana a la del Guadalquivir, parte importante del agua lo sacaban de pozos cerca del embalse de Tentudía, disminuyendo por tanto los recursos del embalse que abastece a esta localidad», apuntan desde la oenegé.

Sobre la contaminación de las aguas, los técnicos de Sacyr afirmaron que no habría problema alguno. Desde 'Alconchel Sin Mina' se advirtió que las escombreras de más de 40 hectáreas de residuos inertes, no serían tales, pues tendrían altas concentraciones de metales pesados, siendo imposible evitar su disolución en el agua de lluvia y escorrentías, yendo al río Guadiana y al portugués embalse de Alqueva.

La empresa afirmó también que los lodos tóxicos tendrían un 20 % de humedad tras el tratamiento en la planta industrial, a lo que 'Alconchel Sin Mina' señaló que dichos lodos se almacenarían a la intemperie, y que tras las lluvias su humedad sería del 100%.

Valoriza Minería anunció en la charla que creará 150 puestos de trabajo directos y 600 indirectos. Una ciudadana de Alconchel preguntó la forma en que se cubrirían esos puestos de trabajo con personas de la localidad, a su juicio «sin cualificación sobre minería en la comarca». Los ponentes de Valoriza Minería mencionaron un acuerdo con el alcalde alconchelero, que ofrecerá una bonificación en licencias municipales a la empresa si el 80% de los trabajadores contratados son del municipio, algo que será difícil garantizar, según Ecologistas Extremadura con las actuales normativas de libre circulación de personas, «incluso podría ilegal según la legislación comunitaria».

En este punto, desde el público, también se afirmó que de los contratos en la mina de Aguablanca, solo unas 30 de 110 trabajadores fueron de Monesterio. También, ante un público paulatinamente más crispado entre los partidiarios de la mina y quienes se oponen a ella, hubo varios vecinos que denunciaron las «falsas expectativas de empleo», al no considerar el restar los empleos que se destruirían en los sectores turístico y agroalimentario, algo que la empresa rechazó de lleno.

Otro asunto polémico tratado fue la superficie y altura de las escombreras, y la distancia de la explotación al núcleo urbano y al castillo de Miraflores, monumento histórico de Alconchel. Al respecto, como denunciaron varias personas del público, se verían muy afectados paisajísticamente y por las vibraciones de las continuas detonaciones de la mina, algo que la empresa minimizó de acuerdo con el plan de rehabilitación presentado en el proyecto.

Desde la plataforma ciudadana 'Alconchel Sin Mina' han denunciado la «indefensión» de la población de la comarca de Olivenza, al no ser debidamente informada por las distintas administraciones, locales y regional, sobre los posibles impactos negativos de proyectos como este en la salud de la ciudadanía y los recursos socioeconómicos del territorio.

Es por ello por el que prevén llevar a cabo charlas informativas por el resto de municipios de la comarca para evidenciar «con datos en la mano» que hay motivos para estar «preocupados seriamente» con un proyecto que, a su juicio, traerá más perjuicios que un desarrollo económico sostenible en la zona.

Por su parte, desde Sacyr aseguran que se están cumpliendo todos los trámites y requisitos exigidos en la legislación vigente y que será la declaración de impacto ambiental emitida por la Junta de Extremadura la que determinará si el proyecto es medioambientalmente viable o no.