La Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha dictado resolución por la que se da por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto minero que la empresa Sacyr, a través de su filial Valoriza Minería S.L.U., pretendía explotar en el término municipal de Alconchel.
De esta forma, la resolución de la Junta, que tiene fecha de 13 de noviembre de 2020, declara resuelto y ha ordenado el archivo del procedimiento por el que en febrero de 2015 solicitaba la concesión de explotación derivada de 100 cuadrículas mineras de las 140 totales que conformaban el permiso de investigación 'Gato Montés' con el que se buscaba extraer fundamentalmente hierro, cobre y sustancias afines.
El órgano ambiental ha considerado insuficiente la documentación aportada por parte de la empresa promotora, razón por la que en base a la legislación vigente ha dado por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La resolución de archivo del procedimiento es firme a todos los efectos legales, al haber transcurrido el plazo legal de recurso de alzada y la empresa promotora no haber presentado alegaciones.
Fue el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, quien en la tarde de este lunes, 1 de febrero, hizo pública la resolución del ejecutivo extremeño. «Recibo con alegría por parte de la Dirección General de Sostenibilidad y Medio Ambiente respuesta a nuestro escrito, relativo a la petición de información relativa a la concesión de explotación minera en el término municipal de Alconchel, en la que se nos informa que el expediente se ha archivado», expresó en redes el primer edil oliventino, haciendo alusión a las alegaciones que presentó en la primera semana de diciembre de 2020, cuando la Junta ya había resuelto al respecto.
González Andrade se congratuló de esta decisión al tiempo que ha asegurado que «esto significa que la mina de Alconchel no va a llevarse a cabo, y que, en caso de seguir la empresa interesada, cosa que dudo ya que no ha contestado a toda la petición de ampliación de información que se pedía, debería empezar todo el procedimiento desde el inicio».
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Según la Junta, la documentación aportada por el promotor en la fase de análisis técnico del expediente no es suficiente, pues no se especifican soluciones ante posibles roturas de balsas, el impacto que tendrá sobre especies protegidas, la capacidad de gestión de agua a emplear, el impacto sobre el patrimonio o la falta de respuesta al requerimiento de las autoridades portuguesas.
Para el Ayuntamiento de Olivenza, esta resolución corrobora el escrito que presentaron en diciembre, ya que «veía dudas sobre la influencia e impacto que el proyecto pudiera tener sobre el término municipal de Olivenza», razón por las que solicitó el archivo del expediente para que nos e perjudicara «directa o indirectamente» a la ciudadanía de Olivenza.
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Otra de las cuestiones que, a su juicio, dan la razón al escrito del ayuntamiento, son sus dudas sobre la afección de aguas que podría afectar al acuífero de masa subterránea que circunde por término municipal de Olivenza.
El ayuntamiento también consideró en dicho escrito que la emisión de ruidos por las voladuras que se prevén con este tipo de proyectos podrían alterar una posible actividad sísmica y que provocarían posibles filtraciones de metales a sistema fluviales colindante pudiendo afectar a la presa de Piedra Aguda o Alqueva. Fue en el año 2019 cuando la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura dio traslado a las autoridades portuguesas para que valoraran el impacto transfronterizo.
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El alcalde de Olivenza se ha alegrado de este archivo del procedimiento, reiterando su confianza en los «tan denostados» técnicos de la Junta de Extremadura encargados de tramitar el procedimiento, haciendo alusión a las «barbaridades» que sobre ellos se han dicho en el salón de plenos y en las redes sociales, poniendo en duda su labor y la función de las propias instituciones. «Esto no es mérito de nadie, la administración regional ha actuado como debe actuar en base a la legislación vigente en materia minera, propia de un estado de derecho que algunos han puesto en cuestión en este tema, archivando el expediente antes de nuestro escrito», ha expresado González Andrade.
El primer edil oliventino ha recordado también la «estoicidad» con la que su equipo de gobierno ha afrontado la oposición al proyecto minero, algo que considera como «una causa noble por parte de mucha gente» y que «era aprovechada por parte de otros para arrojarla políticamente contra nosotros», al tiempo que ha defendido que desde el principio actuaron «desde la prudencia, el estudio, la coherencia, la honestidad y el trabajo, y hasta el final la hemos mantenido, a pesar de alguna puñalada por parte de quien por la mañana se sentaba contigo diciendo blanco y por la tarde publicaba en las redes sociales negro».
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También ha agradecido el comportamiento «de la mayor parte de la gente de las asociaciones de Olivenza y de la gente de San Jorge preocupada con la Sierra de Alor», a la vez que ha vuelto a defender que «proyectos de minería a cielo abierto en el término municipal de Olivenza, serían incongruentes con la política que llevamos a cabo, con los proyectos que apoyamos».
Por último, el alcalde de Olivenza también se ha manifestado acerca de los otros permisos de investigación concedidos sobre el término municipal. «Pudiera ser que en algún momento se solicitase permiso de explotación (abrir la mina), ante lo que esteremos vigilantes, pero lo más probable es que eso no llegue a ocurrir», ha afirmado González.
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Desde las plataformas 'Alconchel sin Mina' y 'Comarca de Olivenza sin Minas' han recibido la noticia con cierto «estupor» por haberse dado a conocer «de una forma tan informal, por las redes sociales», aunque también se alegran de la resolución.
Las plataformas contrarias a las minas han recibido el archivo del procedimiento «con la prudencia que merece el tema», asegurando que «la resolución recibida por el Ayuntamiento de Olivenza no da carpetazo a las minas de Alconchel», dado que a su juicio «el documento aportado es una resolución de archivo de un expediente, y que ni siquiera acredita haber sido notificado a la empresa minera, que tiene la oportunidad de recurso». Por esta razón, 'Alconchel sin Mina' duda que esta resolución sea firme.
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Igualmente, ha calificado como «osada» la afirmación del alcalde de Olivenza cuando asegura que «Se acabó el tema de la mina a cielo abierto de Alconchel». De esta forma, recuerdan que «solo hay que investigar un poco en los expedientes de otras minas del país, para saber que como haya interés por la minera, volverán a la carga con el proyecto dentro de los largos plazos que le permite la legislación, en base a sus derechos mineros».
En este sentido, «al no tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, ni de una negativa de concesión de explotación, el expediente puede reiniciarse de nuevo», según la plataforma, por lo que el archivo del procedimiento se basa en «un defecto formal», al no entrar la resolución en el fondo ni pronunciarse «sobre factores urbanísticos ni medioambientales ni legales que incumple el proyecto», amparándose solo en la falta de documentación que, a su juicio, «de una u otra forma se podrían estar redactando y se podrían volver a presentar, incluso podrían acortar los plazos recurriendo a la tramitación por vía de urgencia, dado el caso».
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La plataforma también ha criticado la forma de actuar de la administración general, ya que según informan están personadas en el procedimiento y desde su inicio la Plataforma, la asociación Ecologistas en Acción, además del Ayuntamiento de Alconchel y particulares interesados que presentaron alegaciones, y ninguna de ellas ha recibido la resolución de la Junta que tiene una antigüedad de más de dos meses y medio. «Nos resulta extraño que la única entidad que ha recibido la resolución por la vía oficial sea la última en personarse y fuera del período de alegaciones», ha han declarado desde 'Alconchel sin Mina' refiriéndose al Ayuntamiento de Olivenza.
«Sabemos que la empresa minera todavía tiene mucho que decir y, por lo tanto, no podemos levantar las campanas al vuelo, hasta que exista una resolución que definitivamente destierre esta aberración de proyecto», han concluido desde la plataforma.
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Desde el Ayuntamiento de Alconchel se ha emitido un comunicado en el que se ha expresado cierto malestar por no haber recibido la notificación de la resolución de la Junta por los cauces oficiales, pese a ser «el único afectado por dicho proyecto». En este sentido, han considerado «una total falta de respeto hacia el Ayuntamiento de Alconchel y hacia nuestro pueblo» el haber conocido la noticia a través de las redes sociales.
Aun así, ha catalogado el contenido de la resolución como «satisfactorio» por ajustarse a la ley y a los informes técnicos de los funcionarios municipales, de la Junta y del resto de administraciones implicadas, recordando que la Junta de Extremadura es la «única administración competente» para resolver sobre el proyecto de explotación minera de Sacyr presentado hace cinco años.
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Para el consistorio alconchelero, «la Junta de Extremadura debería tomar nota de los procedimientos de tramitación de este tipo de expedientes, pues 5 años de trámites, vueltas al origen y muchos errores de gestión por su parte, han provocado la desconfianza de una parte de la ciudadanía y una imagen patética de nuestra tierra en cuanto a la tramitación de los expedientes por parte de las empresas que quieren desarrollar proyectos industriales en la región».
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Alconchel también han pedido que personas y plataformas contraria a la mina «deberían pedir disculpa a tan denostado alcalde y concejales del Ayuntamiento de Alconchel, a los denostados técnicos de la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento y de otras administraciones por tantas y tantas horas de barbaridades escuchadas en salones de plenos, en los vídeos, en las redes sociales...», dado que a su juicio «se ha sembrado dudas y acusaciones injustas y 'casi delictivas'» sobre quienes han defendido el Estado de Derecho y la legislación vigente «por encima de los intereses particulares de una u otra parte».
Es por ello por lo que recuerda «a los que trataron de utilizar y seguir utilizando este tema políticamente como única forma de poder llegar al poder» que son las elecciones democráticas y «no los ataques hacia las personas y hacia las instituciones» con las que se pueden alcanzar los fines políticos.
El alcalde de la localidad, Óscar Díaz Hernández, firme defensor del proyecto minero en los últimos años, ha minimizado los efectos de la resolución y ha agradecido «a quienes dieron su opinión y ejercieron su crítica con respeto y datos reales», al tiempo que se ha insistido en que seguirá trabajando por el pueblo «para que no desaparezca» con otros «proyectos importantes»
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«A los que trataron de utilizar y seguir utilizando este tema de la mina políticamente como única forma de poder llegar al poder, tan solo les indicamos que los medios para ello son las elecciones y no las noticias en redes, los bulos, las frases sacadas de contexto, los insultos, etc.», ha afirmado Díaz, quien también ha recordado que «la democracia tiene los medios para alcanzar los fines políticos y el medio son las elecciones y no los ataques hacia las personas y hacia las instituciones».
Igualmente, ha afirmado que «hay alcalde para rato», asegurando que «la fuerza y las ilusiones están intactas, pues tenemos una enorme pandemia a la que combatir y un sin fin de cosas por hacer, de las que desafortunadamente no se acuerda ninguno de los nuevos defensores de un pueblo del que desconocen muchas cosas y mucho menos a sus gentes», concluyó Díaz.
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