El campo extremeño reivindica en Madrid la agricultura y la ganadería familiar

Las organizaciones agrarias regionales, Apag Extremadura y UPA-UCE Extremadura, participaron en la marcha y lo hicieron para insistir en la necesidad que tiene el sector primario de recibir ayudas que le ayuden a paliar la subida de los costes de producción que se ha vivido en los últimos meses, los problemas de trazabilidad existentes o los precios a los que tienen que vender sus productos.

En este sentido, el presidente de Apag Extremadura, Juan Metidieri, recalcó que los productores extremeños, al igual que le sucede a los españoles, no pueden competir en igualdad de condiciones con los productos que llegan a nuestros mercados desde fuera de España y que «entran libres de trazabilidad».

Esto supone que las explotaciones extremeñas tengan unos costes de producción más elevados para cumplir con la normativa europea. Sin embargo, hay productos que se encuentran en los lineales de las tiendas de alimentación de nuestro país a los que, al producirse fuera de Europa, no se les exigen los mismos requisitos. Eso hace que los costes disminuyan y pueden tener un precio más competitivo.

En la misma línea, desde Apag se considera que las actividades que se desarrollan en el mundo rural están «siendo continuamente amenazadas por normativas incoherentes». Metidieri definió como las políticas agrarias y ganaderas como desacertadas y reclamó que se adapten a la realidad que se vive en el campo.

Por su parte, desde UPA, reiteraron las dificultades que están atravesando la agricultura y la ganadería familiar. «Lo están pasando muy mal en los últimos tiempos por el aumento de los costes de producción», dijo Lorenzo Ramos, presidente de este organización agraria.

Para facilitar el trabajo en las explotaciones familiares –que «deben ser la base de la economía y la sociedad del medio rural y, sin embargo, es un modelo que sufre grandes amenazas y cuya supervivencia está en serio peligro», según Ramos– UPA planteó que se desarrolle un plan de choque ante el incremento de los costes de producción. Igualmente, exigió la aplicación a rajatabla de la Ley de Cadena Alimentaria. Esta última cuestión debe servir, según esta organización, para garantizar unos precios justos.

Además, Ramos defendió la posibilidad de reducir las tarifas eléctricas al sector primario y la necesidad de una PAC que mire a la agricultura y ganadería familiar con más apoyos para jóvenes y mujeres rurales.

El objetivo de la manifestación, que partió frente a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y terminó en el Ministerio de Agricultura, era, como explicaron sus convocantes, dar visibilidad a los problemas del mundo rural y a las leyes que ponen zancadillas a su desarrollo. «La agricultura está a punto de morir, están entrando productos de otros países mientras que los nuestros se están quedando en los árboles», expuso Carlos Bueno, secretario General de Alma Rural, que también puso el foco en los productores, como los de leche, que están trabajando por debajo de coste. Ante estas realidades, Bueno pidió «proteger al productor».

Entre las zancadillas que se mencionan desde Alma Rural, Bueno citó la Ley de Bienestar Animal para tacharla de desproporcionada. «No tiene nada que ver con la vida en el campo», criticaron los oraganizadores. «Nosotros somos los primeros que consideramos a los animales parte de la familia, pero no podemos comparar al caballo con el perro de caza o el perro pastor», señaló Bueno.

Al recorrido, además de los manifestantes a pie, se sumaron 40 tractores, 50 caballos, varios carros de bueyes y burros.