El Consistorio denuncia un gasto municipal superior al millón de euros en juicios y sentencias desfavorables

La última de esas sentencias, contra la que no cabe recurso, condena al Ayuntamiento a pagar 5.500 euros, más los intereses legales, a la empresa organizadora del I Raid Villa de Olivenza, celebrado en noviembre de 2012, que no fueron abonados alegando que dicha empresa no cumplió con algunas de las condiciones acordadas.

Esa cantidad a la que ahora se debe hacer frente se suma a los 271.741,78 euros gastados en abogados y procuradores, tanto del Ayuntamiento como en costas por juicios perdidos, entre ellas las correspondientes a la anulación del expediente disciplinario abierto al bibliotecario y la revocación de denegación a un policía local de un permiso retribuido por lactancia.

Se añaden además 224.573 euros que, según se informa desde el Consistorio, corresponden a indemnizaciones a siete empleados municipales, por despidos improcedentes, readmisión con pago de salarios pendientes o extinción de contratos por modificación de condiciones y vulneración a la dignidad.

Empresas y profesionales

Las deudas que el Ayuntamiento de Olivenza venía arrastrando con algunas empresas han llevado a éstas a plantear denuncias ante los tribunales. La mayor de las deudas, superior a los 470.000 euros, es la que se tiene con la empresa Saconsa, responsable de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua.

El equipo de gobierno informa de que ha sido necesario diseñar un plan de pagos, «ante los impagos sufridos en la última legislatura», y que como muestra de la intención de abonar la deuda se han pagado ya 70.000 euros, que conllevan además la retirada de la denuncia.

Un plan de pagos ha sido también la medida adoptada para hacer frente a los 93.331,43 euros que, por sentencia, se le adeudan a una empresa del sector porcino de la localidad con la que «durante mucho tiempo no hubo ninguna voluntad de pago».

El más de un millón de euros denunciado por el nuevo gobierno local se alcanza sumando otra cifra superior a los 14.000 euros, en concepto de indemnización por los daños causados en una casa de la calle Caridad, y los 88.496,03 euros que se deben a un abogado que defendió al Consistorio en un litigio con Aqualia y con el que también se ha establecido un plan de pagos para evitar el incremento por los intereses que se puedan sumar.

A la vista de estas cifras el alcalde oliventino, Manuel J. González Andrade, señala que ya «se empieza a descubrir cómo se ha malgastado el dinero que tenía el Ayuntamiento de Olivenza» y anuncia que la próxima semana se pondrá a disposición de todos los oliventinos y oliventinas la documentación relacionada con las cantidades de las que aquí se habla.

El reto de las cifras

El exalcalde de Olivenza y portavoz del PP en la localidad, Bernardino Píriz Antón, asegura que la publicación de esta información, que considera «un engaño a todos los ciudadanos», es una estrategia del PSOE a nivel regional para tapar las cosas que están haciendo mal.

Píriz muestra su sorpresa ante acusaciones como la del despido de una trabajadora del Museo Etnográfico Extremeño González Santana, a la que se ha indemnizado con 43.000 euros. El portavoz popular puntualiza que ni fue despedida por el Ayuntamiento ni éste ha tenido que pagar la indemnización, ya que eso corresponde al Consorcio que gestiona el museo.

Respecto a los despidos de trabajadores municipales, señala que en algunos casos se trataba de finalización de contratos «en fraude de ley» realizados por el gobierno del PSOE y que «como no se liquidaban ni finiquitaban» al concluir tuvieron que ser indemnizados con más días. Asegura otros despidos fueron «por amortización de plaza» ya que permitían reducir gastos al no existir la necesidad de mantenerlos.

Píriz explica que la deuda con Saconsa estaba pendiente porque «al no pagar Aqualia la compra de agua no había partida presupuestaria para pagarla». Añade que se habla de la deuda de Saconsa pero no de que todo tiene origen en el contrato de Aqualia en 2005 «que es lo que está generando todos los problemas del Ayuntamiento de Olivenza».

En relación con el tema Aqualia y el abogado con el que se tiene una deuda superior a 80.000 euros, el exalcalde señala que se estaba en una negociación para conseguir una quita de la cantidad adeudada cuando llegaron las elecciones.

La sentencia relacionada con la granja de porcino es para el portavoz popular «responsabilidad de Ramón Rocha» pero asegura que gracias a la gestión de su legislatura se dejaron de pagar más de 800.000 euros, que era la condena inicial, y «se logró que solo se tuviera que pagar el proyecto, que son esos 93.000 euros».

Píriz propone investigar la sentencia relacionada con el raid celebrado en la localidad ya que, tras una primera resolución en la que se le daba la razón al Consistorio, acusa a la empresa organizadora de esperar a conocer quién iba a ocupar la Concejalía de Deportes para recurrir, ya que esa persona estuvo presente en las negociaciones para la contratación del evento.

El exalcalde concluye «retando» al equipo de gobierno a dimitir si se demuestra que están mintiendo o sino a demostrar, en una reunión con representantes políticos, ciudadanía, abogados y medios de comunicación, que todo lo que se dice es cierto.