Cruce de acusaciones tras el cierre del quiosco-bar del parque Adolfo Suárez

El primer edil oliventino, Manuel J. González Andrade, niega que exista dicha persecución «ni contra ellos ni contra ningún ciudadano de la localidad» y añade que «es evidente que tras esa acusación están terceras personas que instan a lanzar estas informaciones con fines políticos».

La instalación de una marquesina adosada al quiosco-bar ha sido el detonante del cierre. Un error por parte de los adjudicatarios en la interpretación del informe técnico municipal sobre dicha colocación llevó a éstos a iniciar la instalación pese a ser dicho informe no favorable. Antonio Gil Romero, marido de la adjudicataria, asegura que un sello municipal colocado sobre la resolución del informe les impidió ver correctamente ésta.

Ante el inicio de la colocación de la marquesina se llamó a una reunión en el Ayuntamiento a los adjudicatarios para analizar la situación. Gil Romero asegura que en dicha reunión y en posteriores trasladó al alcalde oliventino la posibilidad de buscar una alternativa ante la alta inversión económica que supuso la instalación, «pero no hubo intención de solucionarlo».

El marido de la adjudicataria asegura que trasladó diversas propuestas para no anclar la marquesina al suelo, como ya había hecho, pero no fueron escuchadas por un Ayuntamiento que «ancla continuamente las jaimas y marquesinas al suelo, incumpliendo lo que a mí se me achaca».

Gil Romero señala que este hecho se suma a continuas visitas de la Policía Local solicitando permisos y licencias «amedrentando a mi familia y causando graves disgustos», así como a las trabas encontradas antes de iniciar su actividad a la hora de conseguir la documentación necesaria para dar de alta los servicios de luz y agua.

Por su parte, el alcalde de Olivenza, Manuel J. González Andrade, asegura que no puede ignorar la existencia de un informe técnico desfavorable para la instalación de la marquesina «porque eso sería prevaricar» y que siempre ha existido la intención de buscar una alternativa, pero los adjudicatarios, unilateralmente y «comunicándolo antes en Redes Sociales que al Ayuntamiento», decidieron cerrar el negocio.

Respecto a las visitas de la Policía Local, González Andrade recuerda que este Cuerpo actúa de oficio o ante la llamada de algún ciudadano pero que «jamás he enviado a ningún agente a vigilar su actividad».