Olivenza dispondrá de nuevas VPO a precios ajustados y con ayudas a la entrada

Esta ayuda, así como las destinadas a la rehabilitación, podrán ser solicitadas sin concurrencia competitiva; es decir, sin competencia de unas solicitudes con otras para recibir la ayuda, solo cumpliendo los requisitos, y con convocatorias abiertas durante todo el año. Se elimina además el requisito de no haber accedido a ayudas en años anteriores.

La ayuda directa a la entrada está destinada a la compra de una vivienda protegida de nueva construcción y su cuantía, en función de una serie de requisitos, puede ir de 3.000 a 9.000 euros. Cuenta además con tres líneas de protección preferente para jóvenes, familias numerosas y víctimas de violencia de género, que cuentan con 1.000 euros más adicionales.

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura, Isabel Moreno Duque, y el jefe del Servicio de Gestión de Ayudas, Miguel Ángel Sánchez-Rodilla, expusieron ayer en la localidad estos y otros nuevos aspectos relacionados con la vivienda protegida, concepto que abarca la vivienda de protección oficial, la vivienda social y la autopromoción y rehabilitación con ayuda pública.

Las ayudas para la construcción de vivienda autopromovida en terrenos en propiedad en localidades con menos de 20.000 habitantes se incrementa en 5.000 euros respecto a lo que ya existía y se conceden hasta 10.000 euros para la construcción y hasta 4.000 para trámites y proyectos, dirección de obra, estudio y coordinación de seguridad.

Existe también en este programa la aportación de 1.000 euros adicionales para autopromotores de 35 años o menos, el impulso a cascos urbanos consolidados, la eficiencia energética con una calificación mínima de letra B y las familias numerosas.

Rehabilitación

Las ayudas a la rehabilitación también experimentan algunas de las modificaciones que hacen, en opinión de Miguel Ángel Sánchez-Rodilla de la reforma del Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 un nuevo plan.

El presupuesto mínimo de la obra a realizar se reduce ahora a 1.000 euros, lejos de los 2.500 que hasta ahora se exigían y la cuantía de las ayudas sube hasta un máximo de 5.000 euros que puede incrementarse hasta 8.000 si se incluyen actuaciones de calidad y sostenibilidad; es decir, de eficiencia energética.

Jóvenes, mayores de 65 y beneficiarios con ingresos familiares ponderados inferiores o iguales a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) contarán además con 1.000 euros adicionales.

Desaparece la figura del agente rehabilitador, obligatoria en los últimos años y que ahora solo será necesaria en casos específicos. Esta figura ha sido uno de los motivos por los que apenas fueron solicitadas en la pasada legislatura las ayudas a la rehabilitación, señala Moreno.

Entre las novedades se incluye también un programa específico de fomento de la rehabilitación energética para vivienda existente (Peeve) que recoge una ayuda cuyo tope es de 15.000 euros y que está destinada a la mejora de la eficiencia energética y reducciones de CO2 en la edificación.

Dentro de este programa se recupera la antigua ayuda a mayores de 65 años que permitirá a estos cambiar de forma gratuita las cubiertas de sus viviendas. También se cubrirá el 100% del presupuesto para personas con escasos recursos económicos y en la línea general la subvención cubrirá el 60% del presupuesto.

Para el acceso a la vivienda protegida de nueva construcción, así como para la mayor parte de las ayudas, se flexibilizan los requisitos de acceso y se establece que el propietario no podrá transmitir la vivienda ni ceder su uso durante un plazo de cinco años, que asciende a 10 si obtuvo subvenciones.

En relación con la vivienda social, Moreno, informó de que se están llevando a cabo acuerdos con algunos municipios para la compra de inmuebles en desuso que se destinarán a este fin, así como con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con el mismo objetivo. La idea, aseguró, es conseguir unas 200 al año.

Se abre también la vía a que arrendadores privados quieran ceder las viviendas, a cambio de un alquiler acorde a los precios de mercado pero sin campo a la especulación, a la Junta de Extremadura para que esta las destine a alquiler social.

A los incrementos en las subvenciones y la flexibilización de requisitos de acceso a la vivienda protegida en la búsqueda de soluciones habitacionales familiares que permitan «vivir a precios razonables», como señaló el alcalde oliventino, Manuel J. González, se sumará un servicio de intermediación bancaria para familias que estén reestructurando su deuda con los bancos.

En toda la casuística relacionada con las hipotecas, las familias «no se van a ver solas» indicó Moreno, ya que el objetivo es obligar a que las entidades bancarias cumplan con los códigos de buenas prácticas que muchas de ellas firmaron pero que muchas no hacen efectivos, recordó la secretaria regional de Vivienda.