«No estoy dispuesta a que seamos tres víctimas más en un informativo»

Tres semanas después, las víctimas de este suceso, Pilar Díaz Méndez y sus hijas, siguen aterrorizadas por el intento de agresión que sufrieron. Pilar tiene 41 años y sus hijas, Sofía y Ana, 4 y 10. Ahora buscan apoyo psicológico y, tras la puesta en libertad del agresor, quieren protección.

La sentencia del juicio celebrado la pasada semana contra J.P.S.C., por el intento de acceder a la vivienda de su exmujer armado con un hacha, fija una condena de seis meses de cárcel y establece una orden de alejamiento de un kilómetro durante 18 meses. Pero J.P.S.C. no entrará en prisión porque no tiene antecedentes penales. En España las condenas inferiores a dos años de reclusión no implican la entrada en la cárcel siempre que el acusado no acumule otras condenas previas.

En este caso, la sentencia establece que esa suspensión del ingreso en la cárcel no se aplicaría si el reo incumple la orden de alejamiento en un plazo de dos años. Es decir, si el agresor intentara acercarse a Pilar entraría inmediatamente en prisión, según explica la abogada de la víctima. No obstante, la letrada recurrirá la sentencia para tratar de que el condenado cumpla efectivamente la pena e ingrese en la cárcel.

Natural de Jerez de los Caballeros, Pilar reside desde hace tres años con sus dos hijas y su actual pareja en San Francisco de Olivenza, lugar al que llegó con la esperanza de poner distancia a una situación insoportable, según relata, derivada de la agresividad de su exmarido. Afirma que padece una enfermedad neurológica que impulsa ese comportamiento. Pilar explica que le pidió durante años que se tratara. Pilar asegura haber sufrido agresiones durante una década de matrimonio y amenazas desde su separación en 2010. Afirma que las ha denunciado.

Visitas a la pedanía

Tras la separación, el exmarido visitó varias veces la pedanía haciéndose pasar por un familiar de Pilar que la buscaba para entregarle un regalo. Con este engaño, J.P.S.C. obtuvo la dirección de su exmujer conversando con los vecinos, como explica la víctima.

La sentencia dictada hace unos días pondrá en marcha el protocolo de protección de víctimas de violencia de género. Pilar ha acudido a los Servicios Sociales y a asociaciones de protección de víctimas para solicitar ayuda y algún sistema de comunicación. La mala cobertura telefónica en la pedanía de San Francisco puede impedir que avise a tiempo si detecta la presencia de su expareja, que inicialmente acudía en su propio coche, un Peugeot 406 color gris, a buscarla y después lo hacía en taxis.

Gracias a la actuación ciudadana y de dos agentes de policía, el intento de agresión de J.P.S.C. no llegó a mayores. Según Pilar, tras su detención, su exmarido aseguró que solo había venido a pedirle dinero.

Pero Pilar no está tranquila. Tiene miedo de que la próxima vez suceda algo grave. «Parece que tiene que haber sangre para que se haga algo», se lamenta. «No estoy dispuesta a que seamos tres víctimas más en un informativo. Que un alcalde ordene después guardar días de luto no sirve para nada».

Entre los servicios consultados por Pilar está Atenpro (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género), prestado por Cruz Roja Española y basado en un dispositivo de telefonía móvil y telecomunicación que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación.

Desde el Centro de Atención se contacta además periódicamente con las usuarias de Atenpro con el objetivo de realizar un seguimiento permanente dentro de un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.