Tres años de prisión por grabar a compañeras de trabajo en Olivenza

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz considera a J. C. S. S. culpable de seis delitos consumados contra la intimidad y le absuelve del delito de adquisición o posesión de pornografía infantil.

En las penas impuestas se ha tenido en cuenta la atenuante de alteración psíquica, confesión y reparación de daño. Asimismo, el juez ha considerado las agravantes de parentesco y abuso de confianza en relación a algunas de las víctimas filmadas.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.

El origen de este procedimiento está en una microcámara con forma de llavero que en diciembre de 2013 fue descubierta por una trabajadora del centro para personas discapacitadas que Aprosuba tiene en Olivenza. La chica hizo el hallazgo en la papelera de uno de los aseos (en ese momento no sabía que era una microcámara) y la entregó al administrativo del centro sin saber que era él quien la había colocado allí. «Cuando ellas se la llevaron les dijo que debía ser un objeto perdido y lo colocó en un cenicero para distraer su atención».

De la existencia del delito contra la intimidad no quedaron dudas después de que el condenado se confesara autor. «Me siento tremendamente avergonzado y me he tratado para evitar que vuelva a suceder», dijo en su turno final de palabra. Durante la vista el condenado se reconoció propietario de la microcámara y entregó el ordenador portátil en el que aparecen las 26 carpetas una por cada víctima con las imágenes grabadas en los aseos de Aprosuba y en varias viviendas utilizadas por el encausado.

Con esa precisión negaba de forma implícita la acusación de haber compartido esos archivos.