La PAH de Olivenza exige la reapertura de las oficinas principales de intermediación hipotecaria

Se trataba de las oficinas principales del servicio de protección a familias en riesgo de ejecuciones inmobiliarias que, según han declarado fuentes de la Consejería a este diario, cumplieron las encomiendas de gestión que se llevaron a cabo a través de la empresa pública Gisvesa, cuyo cierre y disolución se ha anunciado el pasado mes de febrero.

Según ha declarado la PAH oliventina en un comunicado, el presidente del ejecutivo extremeño prometió en su momento «una Extremadura libre de desahucios», promesa que sólo podía cumplir con un proyecto como el de las oficinas de intermediación hipotecaria. Según ha recordado, la Plataforma lleva años «luchando por las familias que se encuentran en una situación tan lamentable como es la pérdida de su hogar», por lo que entienden que el cierre de las cuatro oficinas de coordinación constituyen «una lamentable decisión tanto política como humana».

Buenos resultados

La Plataforma afirma que hasta finales de diciembre de 2017 las oficinas han informado a más de 1.800 familias que se encontraban en riesgo de desahucios por imposibilidad de pagar la hipoteca o alquileres privados. La entidad social también recuerda que los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estos son «los mejores resultados desde 2008, al disminuir los desahucios en un 51,5%».

De esta manera, la PAH de Olivenza no entienden que, pese a los resultados positivos, se cierren las oficinas de enlace. Según recuerdan, «en el año 2015 Extremadura registraba un incremento de las ejecuciones hipotecarias, mientras que en la media del conjunto del país ya estaba disminuyendo». Igualmente, recuerdan que los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social están protegidos por la actual legislación.

«Las oficinas de coordinación de las grandes ciudades tenían el suficiente conocimiento para poder asesorar a las familias que se encuentran en esta situación», defienden desde la PAH, quien recuerdan que la Junta de Extremadura estructuró a partir de 2015 su política de vivienda a través del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Exclusión, el Observatorio de la Vivienda y el Servicio de Enajenación de la Vivienda.

«Este servicio público asesoraba a las familias para que finalmente no fueran desahuiciadas y le daban alternativas viables para no encontrarse en la calle», lamentan desde la PAH de Olivenza, que también se ha preguntado cuánto tardarán en cerrarse los demás puntos de intermediación hipotecaria como el existente en Olivenza.

«No podemos consentir que las familias extremeñas no tengan donde acudir cuando en su momento se les prometió ser asesoradas», finaliza la PAH.

Oficinas «blindadas»

La Junta de Extremadura firmó a finales de 2016 un acuerdo con las dos diputaciones provinciales, y con los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres, para abrir una red de oficinas de intermediación bancaria en 24 localidades, 12 en cada provincia, además de las cuatro oficinas de coordinación en las principales ciudades extremeñas que servían de enlace en cada zona.

Las funciones de las oficinas de coordinación se asignaron por el plazo de un año, hasta diciembre de 2017, por una encomienda de gestión a la empresa pública Gisvesa cuya disolución se ha anunciado el pasado mes de febrero.

Fuentes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales han asegurado a HOY Olivenza que las oficinas de intermediación como la existente en Olivenza estarán «blindadas» durante el año que dura el convenio y que se están estudiando alternativas para mantener el servicio a partir de esa fecha.