Un sobrino de Ruiz-Mateos, a juicio por desviar dinero del matadero de Olivenza

En el escrito de calificación se explica que cuando Zoilo era administrador único de Carnes y Conservas Españolas S.A.U. (Carcesa) adquirió todas las participaciones sociales de la mercantil Cárnica Oliventina S. L. U., una operación en la que asumió la totalidad de la deuda que el matadero de Olivenza mantenía en ese momento con Caja Rural de Almendralejo, consistente en préstamos hipotecarios por un importe global de 6.350.000 euros.

Esa compra la realizó el 29 de julio de 2010 y ese mismo día Zoilo Pazos firmó con esta entidad bancaria un nuevo préstamo hipotecario por importe de 6.100.000 euros destinado a la realización de inversiones en activos fijos, «consiguiendo obtener así un saldo positivo en cuenta de 1.571.916 euros.

Sin embargo, la práctica totalidad de ese millón y medio de euros desapareció de las cuentas de Cárnica Oliventina de forma inmediata al realizar el acusado una transferencia de 1.400.000 euros a favor de la mercantil Bardajera S. L. U., de la que Pazos también era administrador único. Ese movimiento de dinero lo realizó sobre la base de un contrato de gestión de tesorería que tenía como finalidad que Bardajera S. L. U. gestionase el exceso de tesorería de Cárnica Oliventina a cambio de la retribución de intereses.

Sobre el papel el objetivo era ese, pero la realidad demostró que no existía tal exceso de tesorería puesto que con dicha operación las cuentas de Cárnica Oliventina se quedaron sin liquidez alguna. Además, el matadero de Olivenza tampoco fue retribuido con los intereses pactados porque Bardajera S. L. U. fue declarada en concurso necesario el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, ocho meses después de la firma del contrato que le permitía gestionar el dinero de la empresa oliventina.

La Fiscalía entiende que la operación que ahora será juzgada supuso una despatrimonialización de Cárnica Oliventina, puesto que el dinero que iba a ser invertido en activos fue desviado a esa otra sociedad de Zoilo Pazos, con el consiguiente aumento de la responsabilidad hipotecaria del matadero de Olivenza y un perjuicio para los acreedores, que no pudieron cobrar sus créditos.

Como consecuencia de todo ello, el 10 de mayo de 2011 el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz declaró el concurso de la empresa, siendo encontrado culpable su administrador en junio de 2013.

Tras ser instruidos los hechos por el Juzgado de Olivenza, la Fiscalía presentó un escrito de acusación en el que considera que lo sucedido constituye un delito de insolvencia del que debe responder Pazos, para quien pide cinco años y medio de cárcel y el pago de una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios. Además, solicita que indemnice a Caja Rural de Almendralejo con 1.400.000 euros.